En estos días en el Congreso Nacional se deba ten dos proyectos de ley fundamentales: el Boletín N° 6191-19-1, que modifica la ley orgánica de Televisión Nacional de Chile y 6190-19-1 que modifica la ley 18.838, del Consejo Nacional de Televisión. Pese a su importancia, pues definirán el modelo de televisión chileno para los próximos 20 años, pocas personas comprenden el sentido y alcance de estas modificaciones.
En efecto, reina en nuestro ambiente la urgencia de un mundial de futbol que queremos ver en alta definición, pero ¿qué pasará con la televisión abierta después de término del mundial? Ello nos lleva a cuestionar la calidad de la discusión política nacional en un tema de gran relevancia si consideramos que todos conocemos la importancia de la televisión como un medio de difusión de las ideas, las culturas, y en general las expresiones audiovisuales en tiempo real y con un carácter universal y esencialmente gratuito.
Parece urgente recordar y/o reconstruir la esencia del servicio público televisivo, para lo que se hace necesario y urgente que la discusión de ambos proyectos de ley sea conjunta. Mientras el proyecto de ley que reforma la ley de TVN establece obligaciones de servicio público y misiones para el canal público, el proyecto de ley que reforma el Régimen de concesiones limita el análisis de la asignación de una concesión a condiciones meramente tecnológicas, en donde en definitiva el Consejo Nacional de Televisión deberá asignar la concesión a aquel de los postulantes respecto del cual la Subsecretaría de Telecomunicaciones diga que satisface de mejor forma los requisitos técnicos asociados a la transmisión de la televisión. Es así como Chile pierde una oportunidad esencial de mejorar la televisión y opta porque en nuestras pantallas se vea la misma basura, pero ahora con mejor color, más definición y mejor sonido.
De su parte, el debate nacional en los medios se ha centrado en la necesidad de asegurar una migración eficiente de los actuales operadores a la TDT (Televisión Digital Terrestre), sin embargo creo que la diversidad de la oferta televisiva, mediante el adecuado balance de la titularidad de las nuevas concesiones que debiera ser repartida en distintos sectores de la sociedad, con representación local, regional y nacional, de distintos sectores, con televisiones enfocadas a distintos segmentos de interés, etc., es una exigencia del cumplimiento de la libertad de expresión y derecho a la información consagrado en nuestra carta fundamental y en los tratados internacionales suscritos por Chile. Los proyectos de ley en comento no satisfacen adecuadamente las exigencias de mayor pluralismo que debiera esperarse de la multiplicación de señales que acarrea la implementación de la televisión digital. Los mismos actores, las mismas líneas editoriales, más televisión basura, ahora repartida en una parrilla de canales más amplia.
El modelo nacional se oscurece más porque se basa en la igualdad de condiciones de la TV pública con los canales comerciales, lo cual transforma en una mera declaración de principios y/o en una barrera que atenta contra la sustentabilidad de la televisión pública e incluso de la televisión emergente, que podría haber sido enriquecida por la vía de que la TV pública contribuya a la bajada de barreras de entrada a nuevos operadores. En efecto, una TV pública sujeta a las reglas del mercado y de la competencia no asegura el cumplimiento de la misión que se declara de manera tan rimbombante en el proyecto de ley y menos aún contribuye a la reconfiguración del servicio público televisivo ni cumple el rol que debe asumir la televisión pública en la migración digital.
Como ciudadanos de la Sociedad de la Información debiéramos exigir a nuestro Congreso Nacional y al Ejecutivo, que como colegisladores en esta materia diseñen un modelo que aproveche las oportunidades de la digitalización, entre las que destacan, a vía meramente ejemplar, las siguientes: la digitalización de la TV pública es una buena oportunidad para la segmentación de la oferta pública de servicios de TV mediante la creación de señales dedicadas a temáticas específicas tales como las siguientes: Canal del patrimonio audiovisual, artístico y cultural nacional (destinado a difundir contenidos audiovisuales que se encuentran dentro del patrimonio público); Canal Educativo (programas de formación no reglada o incluso complementarios a la educación formal, que resultaría especialmente útil en escenarios de desastre natural); Canal de Información y divulgación científica y tecnológica; Canal de Interculturalidad y entorno natural (destinado a la promoción de la conservación de las identidades culturales de nuestra nación y la protección de los recursos naturales); canal de e-gobierno, e-salud y servicios ciudadanos del Estado, que incluya información de Estado, gubernamental y parlamentaria. En este sentido, si optamos por esta alternativa de una TV pública generalista pero con capacidad para satisfacer audiencias segmentadas, debiéramos asignar más de una concesión a Televisión Nacional de Chile como han hecho en otros entornos, como por ejemplo Brasil e Inglaterra: no estoy hablando de ficciones ni mundos ideales, sino que de países reales con potentes ofertas de contenidos y servicios.
Asimismo, siguiendo los ejemplos de los países que nos llevan la delantera, debiéramos asignar un rol esencial a la televisión pública como motor de la digitalización, y en este sentido se ha ido más allá de la reserva de espectro superiores a las asignadas a los canales comerciales, sino que se ha asignado responsabilidades a la televisión pública en áreas tales como la implementación de servicios interactivos, la producción de programación novedosa para surtir la mayor demanda de contenidos por la multiplicación de señales, la contribución a la bajada de barreras de entrada al mercado de la TDT por la vía de la prestación de servicios a los nuevos entrantes y a precios competitivos, etc.
Ahora bien, queda claro que una televisión pública que cumple con estos estándares no es una empresa del Estado sino una institución autónoma del Estado, que tiene financiamiento público comprometido en su desempeño, que no está sujeta a los avatares del mercado para subsistir y cumplir sus misiones. El proyecto de ley que modifica TVN no se pronuncia sobre estos aspectos, sino que se ciñe estrictamente a la naturaleza jurídica que hoy detenta y por tanto no prevé mecanismos de financiamiento público. Y sin embargo, si tiene el descaro de explicitar las misiones del canal, las que en definitiva suponen una carga adicional, que la diferencia de los canales comerciales y le resta competitividad.
En Derecho comparado se han previsto mecanismos inteligentes de financiamiento de la Televisión Pública que no producen distorsiones de mercado temidas en Chile. Asimismo, hay normas legales nacionales que permiten asegurar la independencia del canal respecto de la autoridad de turno.
No se ve por tanto ninguna justificación razonable para que no estudiemos la posibilidad de cambiar la naturaleza jurídica del canal. Ello es necesario por el bien de Chile y la pronta entrada de nuestro país a la Sociedad de la Información y aprovechamiento del llamado dividendo digital.
LORENA DONOSO ABARCA
Consejera ICDT
