Como algunos de ustedes recordarán, el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública desde hace algunos meses atrás pretendía sacar adelante el Decreto Supremo N° 866 de 13 de junio de 2017 (más conocido como Decreto Espía), que establecía un nuevo reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación y de conservación de datos comunicacionales.

En los hechos, se trataba de un sistema de vigilancia masivo de las comunicaciones electrónicas de la población cuyas resultas quedaban a disposición de toda institución facultada por ley para requerir la información y sin necesidad de autorización judicial, lo que implícitamente incluía a organismos como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

A juicio del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías (ICDT), el nuevo Reglamento vulneraba los límites formales y materiales de la potestad reglamentaria al transgredir abiertamente la garantía fundamental de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada del Art. 19 Nº 5 de la Constitución Política de la República, no solo al entregar competencias para la obtención de datos de comunicaciones a entidades distintas del Ministerio Público, sino también lo hacía al establecer un sistema de conservación de datos que se aparta del texto de las normas procesales penales en la materia, entrando derechamente a regular materia propias de la competencia del Congreso Nacional, como son las restricciones a los derechos fundamentales.

El ICDT realizó una presentación formal al respecto ante la Contraloría General de la República solicitando que el señalado Decreto fuera representado por ilegalidad e inconstitucionalidad y aunque diversos personeros del Ministerio del Interior señalaron informalmente que iban a retirar el Decreto de la Contraloría para reformularlo, en realidad nunca lo hicieron, tal vez apostando a que superaría el examen de legalidad.

Y no lo hizo: el en día de hoy se ha hecho público que el Contralor General de la República a través del Oficio Nº 41.188 de 24.11.2017 ha representado la ilegalidad del llamado Decreto Espía, lo que no es poco: es un triunfo del sistema de derechos y libertades de una sociedad democrática.