Reviso El Mercurio del día 28 de mayo de 2010 con asombro: el Consejo para la Transparencia ha comunicado al Servicio Electoral (SERVEL) que en aras de la transparencia no puede seguir vendiendo datos personales, sino que debe entregarlos gratuitamente a quien se los solicite.
Recordemos que, como se ha denunciado hasta la saciedad, el Servicio Electoral durante años ha desarrollado una actividad económica no autorizada por ley consistente en la venta de los datos que los chilenos les hemos entregado para el sólo efecto de ejercer efectivamente el derecho a sufragio, que incluye información sobre domicilios, números únicos de identificación, discapacidades, etc.
Mención especial merecen los datos sobre profesión u oficio, que permiten inferir, entre otras cosas, el rango de remuneraciones de las personas y tendencias de consumo, cuestión de gran importancia para instituciones financieras y de crédito aunque la verdad es que este tipo de información no sirve para extender o restringir el derecho de sufragio, pero si para darle un gran valor agregados a sus bases de datos
Y qué decir de los ya señalados datos sobre discapacidades, esto es, datos sensibles que la ley ordena proteger especialmente dada su capacidad de ser por si mismos foco directo de discriminaciones odiosas y arbitrarias.
Pues bien, a raíz de una reclamación interpuesta por un periodista (rol C407-09), el Consejo para la Transparencia no encontró nada mejor que interpretar que toda la información contenida en el padrón electoral es pública, haciendo tabla rasa de las normas constitucionales sobre protección de la vida privada y la Ley N° 19.628 de protección de datos, y haciendo oídos sordos al hecho que la ley orgánica del SERVEL señala únicamente que los libros llamados Registros Electorales son públicos y que, en consecuencia, las bases de datos que el Servicio Electoral construya con los datos personales contenidos en dichos Registros no tienen tal carácter.
Es decir, el Consejo para la Transparencia no sólo no se ha opuesto a las actividades del Servicio Electoral sino que las ha validado, abriendo de par en par las puertas del infierno de la entrega de bases de datos personales en poder del Estado a quien los solicite, sin entrar a considerar los principios básicos y los estándares internacionales de protección de derechos fundamentales que el país se ha comprometido a cumplir.
Tenga siempre presente el lector que la indiscriminada circulación de datos genera daños terribles (y muchas veces irreparables) a las personas: son despedidos de sus trabajos, le son negadas prestaciones de salud, nadie le arrienda un lugar donde vivir, se cierran las puertas del acceso a la educación, se encarecen hasta el imposible los seguros, se restringe la libertad de expresión y opinión, y muchos pierden la libertad porque “alguien” sabe o cree “saber algo” de otros, tomando decisiones alejadas del escrutinio público que afectan a las personas en su día a día y que incluso son determinantes para la continuidad su vida.
Pero lo realmente insólito y peligroso en esta historia es que el Consejo para la Transparencia pretende desde hace algún tiempo constituirse en la autoridad de protección de datos de Chile, descendiendo como un deus ex machina que reunirá en sus manos poderes absolutos en cuanto a qué es información pública y cuál compete su divulgación sólo a las personas, transformándose en un imparable monstruo bicéfalo que, dada las actuales circunstancias de mala fe o ignorancia, urge detener.
Pero hay algo más grave aún: hay gente que está dispuesta a permitírselo.
CARLOS REUSSER MONSÁLVEZ
Consejero ICDT
